VOX se querella contra la anterior cúpula de los Mossos y Forn por desobediencia, denegación de auxilio, abandono del servicio público y prevaricación

VOX ha presentado en la tarde de este jueves una querella criminal ante un juzgado de guardia de Barcelona contra Joaquín Forn, antiguo Consejero del Interior de la Generalidad; Pere Soler, director de la Policía Autonómica de Cataluña el 17 de agosto de 2017 (como los siguientes en la lista); Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos de Escuadra; Ferrán López, jefe de la Comisaría Superior Territorial de los Mossos; Joan Carles Molinero, jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Central de los Mossos; Emilio Quevedo, jefe de la Comisaría Técnica de Planificación de la Seguridad de los Mossos, y Manel Castellví, jefe de la Comisaría de Información de los Mossos. Todos ellos han sido querellados por hacer caso omiso a los avisos de posibles atentados en Cataluña y a las recomendaciones para llevar a cabo medidas de protección física en espacios públicos y por la gestión posterior de los atentados ocurridos en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017.

Los delitos en los que se justifica la querella son los delitos de abandono de un servicio público (artículo 409 del Código Penal), los de desobediencia y denegación de auxilio (artículos 410.1 y 412, apartados 1 y 2, del Código Penal) y de prevaricación por omisión (artículo 404 del Código Penal).

VOX presentó inicialmente esta querella en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en septiembre de 2017 y recientemente este tribunal consideró que los hechos tendrían que investigarse en un juzgado de instrucción como consecuencia de que Forn fuese cesado como consejero y renunciara a su acta de diputado en el Parlamento de Cataluña.

VOX presenta en la querella una detallada documentación publicada por diversos medios de comunicación, entre los que cabe destacar el hecho de que el Ministerio de Interior del Gobierno de España -mediante informe de fecha 20 de diciembre de 2016- alertaba del riesgo de atentado mediante el sistema del atropellamiento masivo en lugares de especial concurrencia de público. En dicho informe, que conocían los querellados, se recomendaba la colocación en los espacios públicos de grandes maceteros y bolardos que dificultaran o impidieran la entrada y circulación de vehículos. Igualmente, en la querella se hace eco de la existencia de un informe de los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), que también conocían los querellados, que alertaba del inminente riesgo de atentado en Las Ramblas de Barcelona. También se recogen las informaciones sobre la gestión realizada por los Mossos tras la explosión de Alcanar y sus impedimentos para que los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional accedieran al lugar y realizaran un examen a la vivienda que explotó donde se encontraron cien bombonas de butano y varias de acetileno y los testimonios del vecindario daban cuenta de que la casa estaba “okupada” por un gran número de musulmanes.

Con esta querella, VOX denuncia que la comisión de estos delitos, especialmente el de prevaricación, “con independencia de que puede producir un daño específico a personas o servicios públicos, también produce un daño inmaterial constituido por la quiebra que en los ciudadanos va a tener la credibilidad de las instituciones y la confianza que ellos deben merecerse, porque de custodio de la legalidad se convierten en sus primeros infractores con efectos devastadores en la ciudadanía”, se afirma en el escrito presentado por los servicios jurídicos de VOX.

Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de VOX, ha declarado tras presentar la querella que “a la vista de los últimos datos conocidos, es clara y palmaria la criminal conducta de los querellados al no adoptar consciente y deliberadamente las medidas de seguridad necesarias para impedir los atentados y, de ese modo, poder atribuir después la responsabilidad de los mismos a España y a los españoles, aunque ello ocasionara -como así fue- víctimas mortales entre ciudadanos inocentes. Los querellados tienen que pagar judicialmente por este comportamiento”.

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